Discurso de Federico Tulli
Buenas noches, gracias por la invitación a participar en esta importante cita.
Hace poco más de un año, el 17 de diciembre de 2019, el papa por fin quitó el secreto pontificio sobre los casos de pedofilia tratados por el Vaticano en relación con los sacerdotes. Las magistraturas civiles de todos los países afectados por este fenómeno criminal ahora pueden acceder a los documentos de los juicios canónicos y a los archivos de las diócesis. Pero no solo. Probablemente la eliminación del secreto papal también marca un punto de inflexión a nivel de la comunicación sobre cuestiones “sensibles” relativas a los asuntos internos de la Santa Sede. Pienso, por ejemplo, la decisión de hacer público el dossier sobre el cardenal MacCarrick, del que tanto se ha hablado en los últimos meses.
Yo lo llamaría un efecto secundario de la eliminación del secreto pontificio. Esta eliminación es, sin duda, una señal importante en la dirección de la transparencia y la colaboración de la Santa Sede con instituciones extranjeras e internacionales, y puede tener importantes consecuencias a favor de las víctimas en espera de justicia. Pero desde el punto de vista de la prevención del delito es bueno decir de inmediato que no mueve nada. Vayamos en orden.
El secreto pontificio fue codificado en el documento “Secreta continere” de Paulo sexto el 4 de febrero de 1974. Se refería (cito) “ciertos asuntos de mayor importancia” y tenía que “ser guardado con seria obligación”. Es decir, en caso de violación habia excomunión. Entre estos “asuntos de mayor importancia” ocultados se encuentraban varios delitos, incluyendo el abuso infantil. Esto significó, por ejemplo, que la víctima de un sacerdote pedófilo sometido a juicio canónico nunca viniera informada del resultado del juicio. Pero también que los nombres de los pedófilos juzgados por los jueces del Vaticano podrían permanecer “desconocidos” para los seculares.
Con evidentes consecuencias, lamentablemente, sobre la incolumidad de decenas de miles de menores en todo el mundo, ya que los sacerdotes pedófilos, una vez finalizado el período de oración y penitencia previsto como sanción por su “pecado”, casi siempre vuelven a ejercer en las parroquias, a enseñar en escuelas religiosas, a asistir a oratorios, campamentos de scouts, etc. Como de hecho ha sido documentado por docenas de investigaciones gubernamentales y mixtas de la Iglesia y el Estado en la última década en Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Australia, etc. En resumen, el secreto ha sido durante décadas, si no siglos, de la Inquisición en adelante, una de las matrices de la propagación de la pedofilia clerical en el mundo. Ahora, con la máxima culpa y sin precedentes, al menos esto ha sido remediado por la Santa Sede.
Otra matriz de la difusión de la pedofilia “eclesiástica” fue y es la “razón de Estado”.
Déjenme explicar mejor con un ejemplo rápido:
El 9 de abril de 2010, año en el que finalmente comenzaron a publicarse regularmente noticias sobre estos crímenes también en Italia, el Washington Post descubrió que en 1985 el cardenal Ratzinger (entonces prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe) había desaconsejado reducir al estado laico a un sacerdote de California quien había molestado sexualmente a menores. La respuesta de la Santa Sede fue inmediata: el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe “no cubrió el caso”, sino que sólo pidió estudiarlo con “mayor atención” por “el bien de todas las personas involucradas”. En una larga investigación, el Washington Post reconstruye que, en una carta escrita en latín al obispo John Cummins, de la diócesis de Oakland, Ratzinger decidió no remover al sacerdote. Una elección que el futuro Papa motivó escribiendo textualmente “por el bien de la Iglesia universal”. ¿Y qué significa cuando se traduce a términos más terrenales? Para evitar el escándalo público. De ahí la “razón de estado”.
Durante décadas en nombre de la “razón de Estado” y amparado por el secreto papal, un crimen muy violento contra los seres humanos más indefensos fue sepultado bajo un manto gigantesco y extendido de silencio y complicidad imposible -humanamente- de aceptar. Sin embargo, hay que decir que si se ha eliminado el secreto pontificio, no puede decirse lo mismo de la razón de Estado.
Todo esto concierne muy de cerca a Italia y no solo por razones geográficas. En el semanario Left, y luego en el libro “Giustizia divina” con Emanuela Provera, fuimos los primeros y hasta ahora los únicos periodistas, gracias a la colaboración de la red L’Abuso, en haber perforado el mencionado manto antes mencionado que pesa sobre los tribunales eclesiásticos esparcidos en Italia y presentes en cada una de las más de 220 diócesis. Aquí hay un extracto de la historia de Giada Vitale, una víctima de 13 años de un sacerdote de 55 años.
“Éramos tres en la sala: yo, el juez y el notario de la Curia de Termoli. Yo ya conocía al notario, porque antes de la audiencia me dijo que el juez eclesiástico quería una copia de mi denuncia a la fiscalía italiana. Y esto ya nos hace comprender cómo funciona la justicia eclesiástica hacia las presuntas víctimas. Además, Giada enfrentó el interrogatorio sola, es decir sin abogado, porque en estos juicios sólo puede estar presente el elegido por la curia, incluso para el testigo. Y ella lo rechazó con razón. “El juez trató de hacerme decir que sentía afecto por mi violador, pero yo solo quise señalar que tenía trece años cuando comenzaron los abusos”. Han pasado aproximadamente 5 años desde la audición y Giada nunca ha sabido nada oficialmente. “Nunca me comunicaron el resultado del juicio ni sé cómo se utilizaron mis declaraciones”.
Gracias a la abolición del secreto pontificio, otras víctimas, a diferencia de Giada, ¿podrán a partir de ahora conocer el desenlace del juicio canónico? Según las declaraciones de la Santa Sede, la respuesta es sí y ya sería algo a favor de las víctimas, porque ciertas informaciones podrían serles útiles durante el juicio penal y civil italiano. Pero lo que quizás debería interesarnos más es la posibilidad de colaboración de las autoridades eclesiásticas con las autoridades civiles italianas. Desde este punto de vista, el “punto de inflexión” de Bergoglio, sin embargo, no mueve nada. Podría decir, sin culpa del papa. De hecho, la ley italiana -a diferencia de la francesa, por ejemplo- para delitos de este tipo establece la obligación de denunciar solo para los funcionarios públicos, y los obispos que no son funcionarios públicos siguen haciendo lo que siempre han hecho: es decir, no denunciar a los sacerdotes sospechosos a las autoridades civiles. Esta cuestión también fue reiterada por la Conferencia Episcopal Italiana cuando explicó por qué no incluía la obligación de denunciar en las directrices contra la pedofilia.
Si a esto le sumamos que incluso el Nuevo Concordato de 1985 entre el Estado italiano y la Santa Sede en el artículo 4 libera a los obispos de la obligación de colaborar con la autoridad civil, he aquì que quedan sin resolver todas las cuestiones que desde siempre limitan severamente las investigaciones del Poder judicial cuando hay sacerdotes involucrados con el riesgo de interferir en la persecución de los sospechosos de pedofilia y de “superiores” que, al trasladarlos de parroquia en parroquia, les permiten mantenerse en contacto con menores y repetir el abuso.
La eliminación del art. 4 del Concordato no sería un asunto trivial. Lo dicen también los casos relevados por Red L’Abuso y las estadísticas que comunicó Francesco Zanardi durante su intervención. Personalmente, he dedicado un libro completo a Italia reconstruyendo la historia de la pedofilia en la Iglesia italiana desde 1870 hasta 2014.
Desde que escribí mi primer libro para L’Asino d’oro sobre estos temas en 2010, he tenido la oportunidad de hablar con cientos de víctimas. La vida de muchas de ellas transcurre en función del obtenimiento de una justicia por lo sufrido. Hay quienes, como los presentes, fundaron una asociación transformando su historia personal en una batalla colectiva de civilización. Una de las fortalezas de su compromiso civil -quizás la más importante por ser inexpugnable- a mi juicio radica en haber entendido que el verdadero “enemigo” a combatir está en el pensamiento que aún hoy niega la violencia sufrida por el niño. Ese pensamiento que confunde un delito (muy violento contra una persona) con el pecado. De hecho, sabemos por el psiquiatra Fagioli que la pedofilia es la anulación de la realidad humana del niño, una especie de asesinato psíquico.
Sin embargo, incluso en la Iglesia del Papa Francisco el abuso, es decir, “el acto sexual de un clérigo con un menor”, todavía se trata solo como un crimen contra la moral, una ofensa contra Dios, una violación del sexto mandamiento. En consecuencia, el pecador debe responder sólo a quienes representan al Altísimo en la Tierra (el papa), y no a las leyes de la sociedad civil a la que pertenece. Pues bien, mis compañeros periodistas italianos no tienen en cuenta todo esto cuando tienen que informar noticias sobre presuntos delitos contra menores cometidos en el ámbito eclesiástico; El Estado italiano tampoco lo tiene en cuenta al mantener vivo el Concordato, aunque desde 1996 la legislación sobre delitos “sexuales” contra niños (y mujeres) ha avanzado enormemente. Las consecuencias que esta ceguera de nuestras instituciones tiene sobre la incolumidad de los niños que asisten a parroquias, oratorios, seminarios menores y escuelas católicas no solo es fácil de imaginar sino que, lamentablemente, ha sido documentado.
Entonces, en conclusión, la abolición del secreto pontificio es buena, porque de alguna manera puede facilitar la acción del poder judicial civil, pero no es suficiente. Al menos en Italia no es suficiente. Seria necesario un salto de paradigma cultural que llevaría al Vaticano, a los hombres de Iglesia, a las instituciones italianas y a los grandes órganos de prensa a “ver” la violación por lo que es: un crimen muy violento que destruye la vida de quienes la padecen. Pero esto significaría que los creyentes negarían el Sexto Mandamiento, una de las piedras angulares del poder religioso y político de la Iglesia católica y apostólica romana. Un poder temporal que el Estado italiano y los medios italianos todavía luchan por desconocer.
